Actores de la innovación señalan que la transferencia de recursos desde Corfo podría afectar el financiamiento de proyectos fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad del país.

En los últimos días, ha emergido una intensa controversia en torno al traspaso de $3,4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda durante el año 2023. Este monto, equivalente al 4,5% del presupuesto nacional de ese año, ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y económico del país.

La controversia se originó tras un reportaje publicado por The Clinic el 18 de febrero de 2025, que reveló seis transferencias aprobadas por Corfo, sumando un total de $3.426.693.555.220. Estas operaciones, hasta entonces desconocidas para la opinión pública, implicaron la venta de patrimonio fiscal para cuadrar la caja fiscal.

Ante las críticas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió las transferencias, calificando las reacciones como "destempladas" y argumentando que los recursos eran necesarios debido al copado nivel de endeudamiento del país en ese año. Marcel enfatizó que estas acciones permitieron evitar un aumento en el endeudamiento y en el pago de intereses, así como un deterioro en el patrimonio fiscal.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, emitió una declaración en la que negó pérdidas de capital para la institución como resultado de los traspasos. Sin embargo, según informes, Benavente se abstuvo de aprobar las transferencias, argumentando su deber de resguardar el patrimonio de la corporación.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, también se pronunció sobre el tema, calificando la polémica como "artificial" y asegurando que el proceso se realizó de manera regular y transparente. Grau atribuyó el aumento en los montos transferidos a los elevados ingresos generados por el litio durante los años 2022 y 2023.

Desde la oposición, se han levantado voces críticas que cuestionan la transparencia y la legalidad de las transferencias. El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, señaló que, aunque el procedimiento es legal, evidencia que las cuentas fiscales están muy ajustadas, llamando a sincerar la situación de "estrés fiscal".

En respuesta a las críticas, Marcel valoró la investigación anunciada por la Contraloría General de la República, indicando que permitirá una opinión técnica alejada de la coyuntura política. El ministro destacó la importancia de contar con una evaluación objetiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Actores del ecosistema de innovación también han manifestado su preocupación. Algunos expertos señalan que la transferencia de recursos desde Corfo podría afectar el financiamiento de proyectos de innovación y desarrollo, fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad del país. No obstante, las autoridades han asegurado que estos traspasos no comprometen el patrimonio ni la capacidad operativa de la corporación.

El debate ha escalado en los últimos días, con llamados desde distintos sectores a una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y a una revisión exhaustiva de los procedimientos adoptados. La investigación de la Contraloría será determinante para esclarecer los hechos y establecer si hubo irregularidades en el proceso.

Al cierre de esta edición, se espera que en los próximos días se realicen nuevas declaraciones por parte de las autoridades involucradas y que la Contraloría entregue avances sobre la investigación en curso. La opinión pública se mantiene atenta al desarrollo de los acontecimientos y a las posibles implicancias políticas y económicas que este caso pueda tener.

La controversia en torno al traspaso de fondos desde Corfo al Gobierno pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, garantizando que las decisiones financieras se adopten con responsabilidad y en beneficio del país.