Mientras que el Gobierno defiende que impulsa innovación con resguardos, gremios y expertos piden ajustar definiciones y costos de implementación.
El proyecto de ley que “regula los sistemas de inteligencia artificial” en Chile, se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa adopta un enfoque por niveles de riesgo, crea un sistema de gobernanza con coordinación interinstitucional y se apoya en la nueva Ley 21.719 de Protección de Datos y en capacidades como el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC), el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y Data Observatory.
Mientras que el Gobierno defiende que impulsa innovación con resguardos, gremios y expertos piden ajustar definiciones y costos de implementación. La discusión en torno al proyecto de ley que busca regular los sistemas de inteligencia artificial en Chile ha ganado fuerza. Más allá de una norma técnica, esta iniciativa se presenta como un relato sobre cómo queremos convivir con la IA: respetando derechos, promoviendo justicia e impulsando el progreso.
En esencia, la propuesta plantea que la IA sea siempre una herramienta al servicio de las personas, sin comprometer derechos fundamentales, promoviendo la igualdad de género, la privacidad y el bienestar social. Va más allá de lo binario; apunta a equilibrar la innovación con la justicia.
Francisco Kemeny, director general de Kemeny Studio, experto en Inteligencia Artificial, sostuvo que "respecto a la nueva ley de IA en Chile, puede generar incertidumbre si no está bien definida. Si las reglas no son claras puede frenar a los emprendedores y empresas que quieran desarrollar soluciones. Lo importante es que la regulación no sea un obstáculo sino que dé un marco básico y permita innovar sin miedo".
Un marco adaptado a la realidad chilena
La iniciativa incorpora un enfoque por niveles de riesgo para las tecnologías: las más peligrosas se prohibirían, mientras que las de alto riesgo tendrían fuerte supervisión y las menos complejas solo requerirían transparencia. Así se busca proteger sin frenar el desarrollo.
Asimismo, la Agencia de Protección de Datos Personales, que nace de una reforma reciente, se convierte en la guardiana de esta ley. Tendrá poderes para investigar, sancionar y seguir de cerca el uso ético de los algoritmos, especialmente cuando hay riesgos de sesgo o vulneración de derechos.
Se plantea también la creación de un Consejo Asesor Técnico permanente, compuesto por profesionales de la ciencia, tecnología, academia y sociedad civil. Su misión: entregar orientaciones para que las decisiones públicas respondan a la rapidez del avance digital y a las necesidades reales del país.
"Los gobiernos deben regular, pero no de manera apresurada. Chile no está creando la tecnología, la está usando, entonces hay que regular con cuidado. No podemos adelantarnos ni quedarnos demasiado atrás, porque el futuro de esta tecnología todavía se está escribiendo", explicó Kemeny.
Una de las ideas más innovadoras es la introducción de sandboxes regulatorios: espacios controlados donde se podrán probar nuevas aplicaciones de IA antes de extenderlas al mercado. Esta fórmula busca combinar experimentación y precaución, para aprender en contexto sin exponer derechos.
Además, la ley apunta a no dejar atrás a las pequeñas y medianas empresas. Las Pymes recibirían asesoría técnica, regulaciones más flexibles y apoyo público para adoptar IA sin que la burocracia sea un freno. Se busca que la innovación sea inclusiva.
Impacto y desafíos en el escenario chileno y regional
Esta propuesta, en plena tramitación legislativa -actualmente en discusión en comisiones de la Cámara- podría definir el futuro de sectores como salud, educación y justicia. Si se implementa con adaptabilidad, podría favorecer el desarrollo de talentos digitales, uso de datos abiertos y soluciones basadas en supercómputo nacional.
Chile ya cuenta con infraestructura relevante, como el laboratorio nacional de supercómputo (NLHPC), el centro CENIA y plataformas de datos abiertos como Data Observatory. Estos ecosistemas podrían amplificarse bajo un marco normativo claro y propicio.
A nivel comparado, el proyecto chileno alcanza un punto de madurez que otras iniciativas latinoamericanas están apenas explorando. Brasil, con su propia ley en discusión, avanza más rápido en trámite; México y Argentina están en etapas iniciales. En cambio, Chile se distingue por unir pensamiento regulador con capacidades concretas y políticas públicas activas.
En el contexto global, el país se alinea con enfoques recientes como el europeo, que clasifican las tecnologías según riesgos y promueven control humano y transparencia. Sin embargo, aún queda por delimitar claramente responsabilidades, sanciones y caminos de implementación.
Más allá de las líneas generales, el texto aún debe precisar algunas definiciones: qué tecnologías quedan cubiertas, cómo se mide el nivel de riesgo, qué costos implicarán los procesos y quién asumirá las fiscalizaciones. Estas decisiones marcarán el equilibrio final entre cautela e impulso.
La gran oportunidad de esta ley radica en su capacidad para delinear un uso responsable de la IA, fomentando su adopción en sectores estratégicos sin descuidar derechos y equidad. Para lograrlo, tendrá que aterrizar de manera realista los principios, articular con infraestructura existente y mantener claridad ante quienes desarrollan tecnología, la ciudadanía y el Estado.
